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Honduras Latinoamérica

Honduras impide legalizar el aborto para siempre.

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03Feb(Agencias).- Honduras ha sido noticia este principio de año por la caravana de migrantes que partió hacia Estados Unidos. Sin embargo, ha pasado desapercibido que los legisladores del país aprobaron una reforma que hará prácticamente imposible legalizar el aborto ahora y en el futuro.

Mientras Argentina, tras una larga lucha feminista, celebra la legalización del aborto, Honduras se sitúa en las antípodas. Hoy es el país latinoamericano que más represiones acumula contra la medida. El 21 de enero de 2021, 88 congresistas aprobaron la reforma que prohíbe absolutamente el aborto.

La reforma al artículo 67 está orientada a impedir que el aborto pueda ser legalizado en el futuro en Honduras y la llaman «el escudo contra el aborto».

Surgió como respuesta al imparable movimiento verde feminista que, por toda América Latina, está buscando defender los derechos de la mujer y legalizar el aborto libre en todos los países de la región.

El aborto en Honduras es ilegal en cualquier circunstancia, incluidos los casos de violación e incesto y de peligro para la salud de la madre o el feto. El Código Penal hondureño establece que «el aborto es la muerte de un ser humano en cualquier momento del embarazo o durante el parto».

La prohibición es tal, que cualquier persona que ayude a una mujer a abortar puede ser acusada penalmente y encarcelada. Asimismo, el gobierno también prohíbe tomar la pastilla «del día después».

Para las activistas feministas, esta iniciativa es un precedente regresivo que podría replicarse en el resto de la región. La nula voluntad para suavizar la ley en Honduras se vio en 2017 cuando se intentó aprobar una ley que despenalizara el aborto en casos de incesto y violación y solo ocho de los 128 congresistas la apoyaron.

Beatriz Valle, ex congresista hondureña, afirma que «vivimos en una sociedad conservadora en extremo, pero esto es un tema de salud pública».

La nueva reforma constitucional también excluye la posibilidad que una sentencia judicial la limite o que una nueva constitución pueda cambiarla. Esto hace que sea un candado absoluto para evitar que las mujeres puedan acceder a abortos seguros.

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